A finales de mayo de 2025, la Administración de Donald Trump retiró la licencia a la empresa estadounidense Chevron para operar en Venezuela. La medida permitía inferir una radicalización de las posturas de Washington sobre el país caribeño. Algunos estimaban que los republicanos, que volvieron en enero a la Casa Blanca junto al secretario de Estado, Marco Rubio, llegarían a terminar lo que ya habían empezado en el período presidencial de 2017 a 2021: una presión sin precedentes y amenazas abiertas de una posible invasión.
Para entonces, y en paralelo, el presidente Donald Trump enfilaba sus baterías en buscar la aprobación de su 'Gran y hermoso proyecto de ley' ('One Big Beautiful Bill Act'), pero enfrentaba tumultos internos en la bancada republicana, compuesta por sectores que por diversas razones se mostraban remolones para votarla en plenaria. En este río revuelto, los congresistas de Florida, siempre en contubernio con los 'lobbies' cubanos, sacaron provecho para exigir a la Casa Blanca mayores presiones sobre Venezuela, amenazando con frustrar la propuesta base para el desarrollo económico de la gestión de Trump que finalmente fue aprobada por el Congreso a comienzos de julio.
Para entonces, Rubio sacaba el pecho: "La licencia petrolera pro-Maduro de Biden en Venezuela expirará el próximo martes 27 de mayo", tal como sucedió. Por su parte, la congresista María Elvira Salazar, una vez eliminada la exención, apuntaba con fiereza al presidente Nicolás Maduro, aunque en verdad denunciaba era a la Chevron: "Hacer negocios con Maduro es enriquecer a un narco régimen criminal que reprime, encarcela y exporta terror a través del Tren de Aragua. ¡Ni un dólar más para los tiranos!", escribió segura de la aceptación que tendría su mensaje en los 'lobbies' cubanos y venezolanos, sus financistas de campaña.
La orden ejecutiva, entonces, daba a la empresa petrolera seis meses para liquidar sus activos en Venezuela, reflejando una lucha interna en el gobierno estadounidense.
El embajador y enviado especial de la Casa Blanca para asuntos especiales, Richard Grenell, que había negociado con Caracas, enfrentó presiones del sector más duro del Partido Republicano, encabezado por Marco Rubio y otros legisladores de Florida, quienes buscaban fortalecer su apoyo entre las comunidades latinas a las que le habían prometido cercar aún más al Gobierno de Venezuela.
Para entonces, Grenell, que ya había logrado algunos acuerdos entre Washington y Caracas, como el intercambio de prisioneros de finales de enero, quedó agazapado. Su margen de maniobra quedó muy disminuido, pero siguió trabajando en la sombra. Rubio había demostrado músculo suficiente para alinear toda la política de la Administración en la prosecución de sus fines de elevar la presión y volver a una atmósfera similar a la de la primera gestión, en la que el mismo Trump amenazó que "todas las cartas estaban sobre la mesa" para abrir el escenario de una invasión militar.
Grenell, quien visitó Miraflores pocos días después de la asunción del nuevo gobierno en Washington, partía de otro punto de vista contrapuesto a Rubio: "Trump es alguien que no quiere hacer cambio de régimen (en Venezuela)".
Así, a finales de la semana pasada, a dos meses de la decisión de quitar la licencia a Chevron, Trump, en una de sus jugadas de ir y venir, revirtió la decisión permitiendo que Chevron reanudara sus operaciones de explotación de petróleo en Venezuela.
La medida fue tomada pocos días después de un intercambio entre 252 migrantes deportados que se encontraban presos en El Salvador y 10 estadounidenses detenidos en Venezuela, lo que quiere decir que el proceso de negociación lejos de estar estancado, estaba dando varios frutos en paralelo.
La noticia sobre la reactivación de la licencia de Chevron ha sorprendido al sector petrolero y plantea interrogantes sobre la influencia de Marco Rubio, un destacado líder conservador cuyo anatema de campaña ha sido el derrocamiento de Maduro. Aunque antes era un senador con un discurso radical con un limitado poder, ahora como secretario de Estado, cuando se esperaban acciones más contundentes de su parte, llega la licencia a Chevron que pone en entredicho su capacidad de influencia, al menos en el tema Venezuela.
La reacción de Rubio y los congresistas de Florida
Con el intercambio de prisioneros del 18 de julio, pero sobre todo con la nueva licencia a Chevron del 24 de julio (que además podría extenderse a otras empresas europeas que esperan el beneplácito para invertir en Venezuela), tanto Marco Rubio como otros funcionarios y congresistas han vuelto sobre la narrativa de relacionar al gobierno de Venezuela con el "narcotráfico", el llamado "Cártel de los Soles" (una supuesta organización narcotraficante) y el Tren de Aragua (una banda criminal utilizada como excusa para perseguir a los migrantes venezolanos), todo un cóctel de criminalización que busca arrinconar a Venezuela, pero que realmente no hace sino justificar la estancia de los líderes conservadores latinos como Rubio, en una Administración que negocia con Caracas y va cediendo ante la necesidad de explotar el petróleo venezolano, lo que beneficiará a la economía y al pueblo de Venezuela.
La permisividad a los discursos y gestos radicales al final esconde básicamente una política realista, visualizada en forma de licencia a los negocios petroleros en Venezuela, así como la continuación de las conversaciones.
Rubio, ahora más ofensivo, retoma un discurso incendiario contra Venezuela. Por sus cuentas predice el final del Gobierno, aunque sin anunciar alguna política concreta que pueda llevar a cabo. Reitera su desconocimiento al gobierno de Maduro, lo acusa de ser líder de una banda criminal. La verdad es que su postura de estos días, en los que se anuncia el reinicio de las actividades de Chevron, parece más a la de aquel senador que presionaba a los gobiernos demócratas en funciones, que a un secretario de Estado con el poder suficiente de trascender los discursos y activar planes concretos.
Trump, como siempre, lleva la batuta en mordacidad y sin nombrar al Gobierno de Maduro expresó el 27 de julio: "Venezuela sigue enviando personas que rechazamos en nuestra frontera, continúa enviando drogas a nuestro país". Con este efusivo discurso impulsa una andanada de graves acusaciones de diversos funcionarios de su gobierno, pero no mucho más que eso.
La permisividad a los discursos y gestos radicales al final esconde básicamente una política realista, visualizada en forma de licencia a los negocios petroleros en Venezuela, así como la continuación de las conversaciones; alejando, lo que suceda en Caracas, del círculo de influencia del flamante secretario y sus posturas ideológicas.
Ahora Grenell, con otro estilo mucho más silencioso y a la sombra, parece estarse imponiendo. Cosecha frutos de sus conversaciones con Miraflores y observa sin comentarios el nuevo giro de Washington.
La bipolaridad que emana del gobierno de EE.UU. cuando se trata de Venezuela obedece a una pragmática que también tiene adherencia en sectores del republicanismo que entienden que las reservas petroleras y el flujo de combustible venezolano no puede ser abandonado a la suerte de sus enemigos geopolíticos.
El resultado de este conflicto interno en Washington es el regreso de la retórica de la primera Administración Trump, aunque hay que decirlo, mucho más débil en relación a cuando mencionó la frase "todas las cartas sobre la mesa" en su primera gestión, solo que ahora con políticas reales mucho más parecidas a las demócratas. Claro, el Trump actual es uno que tiene conflictos abiertos por el mundo, que ha insultado y vejado a aliados, que ha abierto ingentes flancos, entonces, sus actuales retóricas contra Venezuela pasan más desapercibidas como un conflicto más y quizá por eso desde Miraflores no se le responde con el mismo ahínco que antes, esperando ver qué estado de animo reflejará para los próximos días, semanas y meses y qué nuevo cambio podría tener la política de Washington hacia Venezuela, en momentos en los que las negociaciones continúan.
Así las cosas, y mientras empresas petroleras internacionales se preparan para reactivar la explotación de petróleo en Venezuela, Salazar luce más rabiosa que nunca contra Maduro y el gobierno. La Ley de Presupuesto ya se ha aprobado y tendrá que esperar otra coyuntura legislativa para poder hacer valer su curul. Por lo pronto, y viendo diezmada su popularidad en medio de las deportaciones a sus votantes latinos, prefiere elevar el tono de amenazas, cada vez menos creíbles. La política estratégica de Grenell sigue actuando en las sombras y cede el micrófono a sus adversarios de Washington y a los congresistas conservadores latinos. Por lo pronto la ideología puede esperar.
