Las aterradoras cifras de homicidios demuestran que México está en guerra mientras Washington teclea la caja registradora con cada ciudadano asesinado, lo que ha llevado a las autoridades del país latinoamericano a denunciar que el tráfico ilegal desde EE.UU. supera el medio millón de armas al año y que, con ellas, se perpetraron más de 17.000 homicidios sólo en 2019.
Las cifras históricas son todavía más devastadoras: México lleva varios años destrozando sus propios registros de violencia desde que el 2017 se convirtió en el, por entonces, año más violento de la historia reciente del país, al alcanzar los 23.101 homicidios, cifra que superó los 22.409 homicidios del año 2011, cuando Felipe Calderón estaba inmerso en una guerra abierta con los cárteles de la droga.
La tétrica estadística ha quedado dramáticamente desactualizada ante los últimos registros: casi 110.000 homicidios en los últimos tres años (36.685 en 2018, 36.661 en 2019 y 36.579 en 2020). En total, desde el año 2007 han sido asesinados unos 350.000 mexicanos, una cifra aún más alarmante si se tiene en cuenta que entre los años 2007 y 2014, se registraron 167.000 homicidios. Esta carnicería ha provocado que, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI), casi tres cuartas partes de los mexicanos se sientan inseguros.
Debido a esta terrorífica situación, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha decidido presentar una demanda en la Corte Federal de Boston contra once fabricantes armamentistas norteamericanos por distribuir sus armas de forma ilícita en México.
Además, el presidente mexicano considera que estas armas y estos crímenes no se encuentran inconexos ni se perpetran de forma aleatoria, sino que están dirigidos y protagonizados por los grupos delictivos mexicanos que están desafiando al Estado y que, de facto, controlan gran cantidad del país.
Aunque, tanto EE.UU. como las empresas norteamericanas niegan la acusación, no parecen sinceros, pues los datos y las pruebas demuestran que no sólo no impiden el flujo de armas a México, sino que lo permiten y lo fomentan.
Porque las empresas norteamericanas no solo están incumpliendo una de las peticiones del Gobierno mexicano, como es verificar el uso final de sus armas fabricadas para que estas no puedan ser usadas por la delincuencia organizada, sino que están adaptando varios modelos a las demandas de los narcos, de tal forma que están trabajando en el desarrollo de armas óptimas para la delincuencia organizada mexicana. Y, aunque es difícil encontrar mayor prueba del conocimiento del uso final de las armas, hay bastante más.
Si repasamos la historia reciente, sin duda, un punto de inflexión en el problema lo encontramos en la eliminación de George Bush en el año 2004 de la prohibición de vender fusiles de asalto y armas semiautomáticas. Una prohibición que, no solo convierte de facto a los norteamericanos en potenciales compradores de un arsenal bélico, sino que tiene relación directa con el aumento de la violencia en México.
De hecho, existen estudios que relacionan el aumento de los homicidios cometidos con fusiles de asalto en México con la permisividad de las ventas de estos en territorio estadounidense.
Así, en los estados mexicanos que comparten frontera con Arizona o Texas, donde las autoridades son más laxas con las armas, los crímenes cometidos con fusiles de asalto aumentaron mucho más que en las jurisdicciones limítrofes con California, donde existen mayores dificultades para su venta.
En este sentido, una cifra que deja poco margen a la duda se evidencia en la localización de los establecimientos de armas en EE.UU.: en los estados fronterizos a México, como California, Arizona, Nuevo México y Texas, se encuentran más de 22.600 establecimientos para la venta de armas, lo que supone casi la mitad de los más de 50.000 que existen en el país.
Es decir, los cuatro estados norteamericanos fronterizos con México no llegan al 23% de la población, pero cuentan con casi el 50% de los establecimientos de venta de armas.
En el otro lado de la frontera, aunque no se trata de una lógica geográfica exacta, sí existe una tendencia de disminución de la violencia, a medida que los estados se alejan de Estados Unidos (Coahuila sería una excepción). Así los estados con mayor tasa de homicidios en 2020 fueron Colima (95), Chihuahua (92), Guanajuato (87), Baja California (78) y Zacatecas (76), de los que Chihuahua y Baja California son fronterizos con EE.UU.; y los estados con menor tasa de homicidios fueron Yucatán (3), Aguascalientes (6), Campeche (8) y Coahuila (8); encontrándose Yucatán y Campeche al sur del país, en la frontera mexicana con Belice y Guatemala, respectivamente.
Que Washington calificase en el año 2018 a los estados mexicanos de Tamaulipas, Sinaloa, Colima, Michoacán y Guerrero como regiones tan violentas como Siria, Afganistán, Yemen, Sudán del Sur o Somalia, no solo resulta prueba suficiente del conocimiento del problema por parte de EE.UU., sino que debería haber servido para regular la venta de armas y su flujo hacia México, y también para cambiar las relaciones entre ambos países. Sin embargo, no fue así. Y no lo fue porque la muerte de mexicanos se ha convertido en estas dos últimas décadas en un gran negocio norteamericano.
Un negocio que, además, se vio enormemente beneficiado por la presión de Donald Trump, lo que forzó a cambiar la política migratoria mexicana, hasta el punto que la actual Guardia Nacional (un cuerpo de policías navales y militares que sustituyó a la Policía Federal, creada en 1997, y que debería encargarse de la disminución de los homicidios y la incautación de las armas) fue orientada al control migratorio de las fronteras norte y sur del país, por exigencias del entonces presidente estadounidense. Un esfuerzo que dificultó sobremanera la pacificación del país y mejoró notablemente las expectativas de las empresas armamentistas norteamericanas.
En este contexto, México se encuentra completamente indefenso en su intento de controlar y aprehender la ingente cantidad de armas que entran en el país o que ya se encuentran dentro del mismo. De hecho, se estima que existen 15 millones de armas en México y que las autoridades solo han podido incautar unas 193.000, de las casi 2 millones que ingresaron entre 2009 y 2019, de las que el 70 % tendrían procedencia de EE.UU.
Es una nación indefensa, además, porque difícilmente las armas que han convertido al país en una zona bélica difícilmente tienen origen mexicano, ya que en México solo existe un establecimiento autorizado para la venta de armas, que encuentra en una base militar mexicana y exige no pocas formalidades para la adquisición de un arma.
Por ello, la venta de armas es marginal en México, pues, si bien es cierto que se ha registrado un considerable aumento entre el medio millar de armas vendidas en el año 2000 a las más de 10.000 en el 2015, las cifras resultan insignificantes ante los millones de armas en manos de mexicanos.
Sin embargo, a pesar de todas las dificultades a las que se enfrenta el Gobierno mexicano, provocadas en su mayoría, como hemos podido comprobar, por los intereses y beneficios de Estados Unidos, el cambio de estrategia gubernamental, por el cual la Guardia Nacional ha pasado de perseguir a los líderes de los grupos criminales a reforzar la seguridad en las ciudades ha conseguido, al menos, detener el avance de las tasas de criminalidad, las cuales amenazaban con llevar al país al desastre. De hecho, se percibe un estancamiento e incluso una disminución de la tasa de homicidios, si atendemos a los datos de 2021, con una reducción de entre el 3 y el 5%.
No cabe duda, pues, que la situación es y será dramática en México mientras Estados Unidos no colabore, lo que no parece factible, pues su industria armamentista logra tan enormes beneficios como mexicanos asesinados se amontonan en las morgues. Es el negocio de la muerte, es el negocio de Estados Unidos.
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