Crece en EE.UU. la preocupación por la seguridad de figuras claves de la Administración de Donald Trump, en un contexto de creciente polarización de la sociedad estadounidense y especialmente tras el asesinato del activista conservador Charlie Kirk. Como consecuencia, altos funcionarios están empezando a asentarse en bases militares para garantizar su seguridad y la de sus familias, informa The Atlantic.
Así, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, han dejado sus hogares y ahora viven en Fort McNair, un enclave militar a orillas del río Anacostia, en Washington, afirmaron funcionarios de sus departamentos. Después que se revelara en los medios de comunicación la dirección de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ella también se mudó de su edificio de apartamentos a una casa destinada al comandante de la Guardia Costera en la base conjunta Anacostia-Bolling en Washington.
Las fuentes indicaron que otro alto funcionario de la Casa Blanca se vio obligado a trasladarse a una base militar después que los servicios de seguridad le recomendaran que se mudara allí debido a amenazas contra su seguridad.
Debido al aumento de la demanda de alojamiento en las bases militares del distrito de Columbia entre las altas figuras, hay escasez de viviendas libres, sostuvo un exfuncionario. Así, la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, no pudo trasladarse a Fort McNair por falta de alojamiento disponible.
La ambigüedad del traslado
El traslado de los altos funcionarios a bases militares "difumina aún más las fronteras tradicionales entre el mundo civil y el militar", escribe el medio. Una medida de este tipo aumenta la influencia del Ejército y también puede enviar a la sociedad una señal errónea de que los militares protegen a solo un partido político, señaló Adria Lawrence, profesora asociada de estudios internacionales y ciencias políticas en la Universidad Johns Hopkins. Al mismo tiempo, la mudanza a las bases aleja a los funcionarios de su electorado.
Cabe señalar que al trasladarse, los funcionarios pagan un alquiler por el alojamiento en las bases militares. De otra parte, la medida puede reducir los gastos de su seguridad personal.
