Las acusaciones de racismo sobrevuelan el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, el municipio más rico de España, situado en la Comunidad de Madrid.
Con alrededor de 90.000 habitantes, esta localidad sacó pecho en los últimos años de acoger con los brazos abiertos a miles de solicitantes de asilo ucranianos que huían del conflicto que se desarrollaba en su país, muchos de ellos atendidos en las instalaciones que están ahora en el centro de la polémica.
Sin embargo, la situación ha cambiado radicalmente en los últimos días, cuando el Gobierno municipal se está negando a acoger a menores no acompañados africanos solicitantes de asilo alegando un contratiempo burocrático que no tuvo importancia cuando se trataba de atender a blancos europeos.
Brazos abiertos para los ucranianos
En marzo de 2022 el Gobierno inauguró el primer centro de acogida estatal para recibir a miles de refugiados ucranianos, ubicado en Pozuelo de Alarcón, con el beneplácito de su Ayuntamiento, gobernado por el conservador Partido Popular (PP).
Entonces el Consistorio abría los brazos a esos refugiados y promovía la solidaridad entre los vecinos, coordinando incluso a familias interesadas en acoger a los ciudadanos ucranianos recién llegados o a quienes querían colaborar de cualquier otra manera.
Negativa a acoger a niños africanos
Tres años después las cosas han cambiado mucho. Ahora la alcaldesa es otra, Paloma Tejero, también perteneciente al PP: "Me niego en rotundo a que traigan a un solo menor inmigrante a Pozuelo de Alarcón. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano. No lo vamos a aceptar de ninguna manera", dijo el mes pasado a OK Diario.
Esta rotunda negativa llega después de que el Tribunal Supremo ordenase al Gobierno hacerse cargo de un millar de menores solicitantes de asilo llegados a las Islas Canarias, que ya tienen su sistema de protección desbordado desde hace tiempo.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha estado buscando la solución para dar cumplimiento al mandato del alto Tribunal, barajando sobre todo un reparto equitativo entre todas las regiones del país.
Entre esos planes se encuentra ofrecer el centro de acogida de Pozuelo de Alarcón, iniciativa que se encontró con el rechazo frontal de las autoridades municipales.
Solo dos semanas después del ofrecimiento del centro por parte del Ejecutivo, el Ayuntamiento de la localidad solicitó una inspección urbanística del centro y concluyó que carece de licencia para ejercer esa actividad, por lo que ha ordenado su cierre con efecto inmediato.
Doble rasero
Los menores que esperan a ser trasladados desde Canarias son solicitantes de protección internacional. En su mayoría proceden de países como Mali, que sufre un conflicto armado interno desde 2012 que ha provocado violencia indiscriminada contra la población civil y que se vio recrudecido el año pasado.
Hasta ahora el Ayuntamiento no se había preocupado por el estatus legal de las instalaciones y no había solicitado ninguna inspección urbanística, la de ahora se ordenó "tras conocer la intención del Gobierno de trasladar a 400 menores solicitantes de asilo de manera permanente a este espacio", según dice su comunicado.
El centro ubicado en Pozuelo es propiedad del Ministerio y desde 2022 se ha dedicado a atender a los refugiados, especialmente de procedencia ucraniana. Por sus instalaciones habían pasado en su primer mes de uso más de 10.000 personas y hasta la fecha no se había producido ninguna actuación del Ayuntamiento.
Seguimos sin respuesta del Gobierno ni información oficial sobre el traslado de menores inmigrantes a Pozuelo. Hoy lo he aclarado en Telemadrid: seguimos trabajando con la Comunidad de Madrid para frenar este disparate. pic.twitter.com/JZsryeOlUG
— Paloma Tejero Toledo (@PalomaTejero_) July 24, 2025
Según recogen medios como ABC, en la actualidad el edificio alberga a unas 400 personas, las mismas que el Ayuntamiento solicita que sean reubicadas inmediatamente en otros recursos por el Gobierno. La mayoría son ucranianos, pero también hay personas de otras procedencias, incluidas mujeres con niños.
Si bien es la primera vez que el Consistorio toma cartas a nivel legal en este asunto, no es la primera que se queja de que quienes se alojan en el centro ya no son solo ucranianos.
Lo hizo en septiembre del año pasado cuando la alcaldesa remitió una carta a la Delegación del Gobierno de Madrid, después de que descendiera la llegada de ucranianos y el centro comenzase a albergar a personas de otras nacionalidades, principalmente afganas, pero también senegaleses, marroquíes o venezolanos, según informó entonces ElDiario.es.
"Los vecinos de urbanizaciones cercanas [...] se han puesto en contacto con su Ayuntamiento y su Policía Municipal alarmados al observar que en las últimas semanas se puede ver a estas personas deambular frecuentemente por las calles de nuestra ciudad", decía la misiva, en la que no citaba ningún tipo de incidente.
En una entrevista a OK Diario Tejero ha dejado claro que sí se había encontrado cómoda con los ucranianos, pero que no lo está con los subsaharianos, asegurando que su llegada había generado "terror".
En busca de una solución contrarreloj
El Gobierno de España lleva meses intentando encontrar una solución al hacinamiento que sufre Canarias. Desde marzo, esos esfuerzos van contra reloj, después de la orden del Tribunal Supremo que afecta a 1.221 menores no acompañados.
En los siguientes tres meses el Ejecutivo fue incapaz de cumplir la sentencia, por lo que el Supremo el 5 de junio dio un ultimátum, exigiendo que se tomaran medidas en los siguientes 30 días.
Sin embargo, los recursos que se van a utilizar y los traslados no están siendo difundidos públicamente ante el temor de que se produzcan reacciones no deseadas, como ha sido la del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.
Además, no se quiere dar alas a la ultraderecha, que en los últimos tiempos está utilizando cualquier tipo de incidente para lanzar sus discursos xenófobos y racistas, como sucedió el mes pasado en el municipio murciano de Torre Pacheco.
En esa localidad, la agresión a un sexagenario por parte de tres jóvenes, definidos como de aspecto magrebí, se convirtió en llamamientos a tomarse la justicia por su mano y cientos de neonazis acudieron a la población a "cazar" migrantes, provocando varias noches de disturbios.
