Los ucranianos han tenido muchas razones para salir a las calles: la cancelación de las elecciones, la movilización forzada, la negativa a desmovilizar a los soldados que llevan más de tres años en el frente, la persecución de la Iglesia ortodoxa ucraniana canónica, la corrupción en la construcción de fortificaciones, la incapacidad del Estado para repatriar los cuerpos de los soldados caídos y, sobre todo, la ausencia total de un plan para poner fin al conflicto con Rusia.
La lista podría continuarse. Sin embargo, ninguno de estos problemas ha desencadenado protestas masivas. En su lugar, hemos visto estallidos aislados: en pueblos y aldeas, mujeres bloquean a los oficiales de reclutamiento para impedir que entren en sus barrios; feligreses defienden físicamente sus parroquias; las esposas y madres de los soldados ucranianos organizan pequeñas manifestaciones para visibilizar su difícil situación.
Y, sin embargo, incluso en este ambiente de miedo y represión, Vladímir Zelenski ha logrado desatar una crisis política. La aprobación apresurada del proyecto de ley N.° 12414, que eliminó la independencia de la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) y de la Fiscalía Especializada en Lucha contra la Corrupción (SAP), provocó una ola de protestas que no han cesado en días. Se trata de la primera gran manifestación popular desde el inicio de la operación militar rusa y representa un serio desafío al control de Zelenski sobre el poder.
Se han producido concentraciones en Kiev, Lvov, Odesa, Dnepropetrovsk, Járkov, Rovno y Nikoláyev. Aunque las autoridades intentaron presentarlas como expresiones espontáneas y locales de preocupación por las instituciones anticorrupción, su alcance y coordinación sugieren lo contrario. El mensaje para Zelenski es claro: la presión apenas comienza.
Intereses externos
Para entender por qué el tema anticorrupción tocó una fibra tan sensible, hay que remontarse al principio.
La NABU y la SAP se crearon en 2015 con el respaldo activo de Estados Unidos, apenas un año después del golpe en Kiev. En ese entonces, el fiscal general de Ucrania, Víktor Shókin, declaró abiertamente que la idea de la NABU provenía directamente del entonces vicepresidente Joe Biden.
Desde el principio, estas agencias funcionaron como herramientas de supervisión externa sobre el Gobierno ucraniano post-Maidán. El presidente Piotr Poroshenko, que aún consolidaba su poder e ideología, no se resistió a la injerencia de Washington. Los primeros blancos de la NABU fueron oligarcas como Ígor Kolomóiski y Rinát Ajmétov, quienes controlaban importantes grupos mediáticos. Esto convenía a Poroshenko, cuyos propios intereses empresariales, curiosamente, quedaron intactos.
Con el tiempo, quedó claro que los organismos anticorrupción de Ucrania no solo servían a su misión oficial, sino también a los intereses políticos de una facción específica: el Partido Demócrata de EE.UU.
Un ejemplo emblemático es el caso de Paul Manafort. En 2016, The New York Times, citando fuentes de la NABU, publicó acusaciones de que Manafort —entonces jefe de campaña de Donald Trump— había recibido pagos no declarados del Partido de las Regiones bajo el presidente Víktor Yanukóvich. Estas acusaciones impulsaron una investigación en EE.UU. sobre una posible injerencia ucraniana en las elecciones estadounidenses. En 2019, el Senado concluyó que no había pruebas, pero el episodio dejó una huella duradera.
Ese mismo año, la NABU ayudó a desviar la atención del escándalo de Burisma, la empresa energética en cuyo consejo estaba Hunter Biden, hijo de Joe Biden.
Con el tiempo, muchos ucranianos percibieron el vínculo entre estas instituciones anticorrupción y el Partido Demócrata. Y ahora que los republicanos han vuelto al poder en Washington, Zelenski parece haber decidido que era hora de liberarse del control externo.
Presión interna
Zelenski probablemente asumió que la nueva administración estadounidense no haría grandes esfuerzos por defender a los representantes del Partido Demócrata en Ucrania. A juzgar por la tibia respuesta de Washington, su cálculo podría haber sido acertado. Sin embargo, no consideró el nivel de resistencia interna ante su creciente concentración de poder.
Hoy, Ucrania está llena de puntos de presión. El descontento es generalizado, pero disperso y desorganizado. Los opositores a Zelenski simplemente carecen de medios para derrocarlo. Además, Zelenski sigue siendo la pieza central de la estrategia anti-Rusia de Occidente: un líder dispuesto a aceptar cualquier costo interno con tal de servir a ese objetivo. Incluso políticas que amenazan los cimientos del Estado ucraniano son toleradas, siempre que el proyecto de una 'anti-Rusia' continúe.
Por eso Occidente ha hecho la vista gorda ante la movilización forzada, las elecciones canceladas y la negativa a rotar a las tropas exhaustas en el frente. Durante un tiempo, esto le dio a Zelenski carta blanca para actuar dentro del país.
Pero ahora el terreno está cambiando. Una señal clave es la creciente frustración entre quienes trabajaron durante años en estructuras financiadas por subvenciones y alineadas con el Partido Demócrata. A la cabeza de esta coalición informal está el expresidente Piotr Poroshenko. Bajo la amenaza de persecución penal, Poroshenko ha pasado meses construyendo silenciosamente un nuevo bloque político.
Tiene el dinero, los medios y una base electoral, aunque fragmentada. Para este grupo, el movimiento de Zelenski contra las agencias anticorrupción —en esencia, un ataque contra la supervisión externa— es el pretexto perfecto para reafirmarse y recuperar parte del apoyo occidental.
Zelenski difícilmente usará la fuerza contra las protestas centradas en la NABU y la SAP. Hacerlo solo reforzaría la narrativa de que se inclina hacia el autoritarismo.
Precisamente por eso, las manifestaciones contra el proyecto de ley N.° 12414 son una plataforma más segura para la oposición que las protestas contra las redadas ilegales de reclutamiento militar u otros abusos de los Centros Territoriales de Reclutamiento.
Las protestas ya han atraído a figuras políticas influyentes, como los hermanos Klitschko —rivales de larga data de Zelenski— y la legisladora Mariana Bezúglaya. Esta última, de hecho, votó a favor del proyecto de ley, pero apareció en las protestas sosteniendo apoyar a las Fuerzas Armadas… o quizá solo para molestar al comandante en jefe Alexánder Syrski, con quien lleva tiempo enemistada.
Este tipo de apropiación de narrativas es lo que hace peligrosas las protestas para Zelenski. Como en 2013-2014, un movimiento que comienza con una demanda puede ganar impulso rápidamente —y nuevas consignas políticas— hasta convertirse en una crisis total.
La oposición está aprovechando su momento. Sus objetivos pueden no alinearse del todo con los de Washington, pero han logrado surfear la ola, y eso ya es un problema para Zelenski.
¿Qué sigue?
Es revelador que los socios occidentales de Ucrania no hayan condenado públicamente a Zelenski. Aun así, la presión claramente aumenta, a través de medios de comunicación, mensajes políticos y canales discretos.
Esta postura contenida permite a Occidente mantener una fachada de estabilidad sin derribar la estructura política en Kiev. Pero queda una pregunta crucial: ¿se unirá el Ejército a las protestas?
Según reportes de medios extranjeros, se ha instruido a los comandantes a mantenerse al margen. Sin embargo, ya se han visto algunos militares en las manifestaciones. Si su número crece, también lo harán los riesgos.
Ante la amenaza de una reducción del apoyo militar y financiero, Zelenski ha retrocedido, al menos por ahora. Presentó un nuevo proyecto de ley en la Rada [Parlamento de Ucrania] para restaurar los poderes de la NABU y la SAP. La votación está programada para el 31 de julio. Parece que Europa ha obligado a Zelenski a dar marcha atrás.
Si la ley es aprobada, los manifestantes podrían proclamar una victoria simbólica. Pero esto dista de haber terminado. El equipo de Zelenski aún podría diluir el proyecto o postergarlo 'sine die', y tienen motivos de sobra para intentarlo.
El principal: la inminente pérdida del control centralizado sobre los resortes del poder. Varias señales de alerta ya son visibles:
Los servicios de seguridad, que allanaron las oficinas de la NABU, podrían empezar a cuestionar la autoridad de Zelenski y la legitimidad de sus directivas.
La Rada Suprema, ya sacudida por el proyecto original, podría fracturarse aún más, erosionando el control de Zelenski sobre el Legislativo.
La propia NABU, si recupera sus facultades, podría ir tras miembros del círculo íntimo de Zelenski, presionando a la élite empresarial que se sentía segura bajo su protección.
Al final, la demostración de firmeza de Zelenski podría haberlo arrinconado. Está perdiendo capital político en casa. Y aunque su régimen sigue en pie por ahora, la erosión de su autoridad ha comenzado. Esto podría ser solo el principio.
Por Valentín Loguinov, analista político ruso especializado en procesos geopolíticos.
