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El calvario del joven liberado en El Salvador tras dos años preso como 'pandillero'
Desde que se estableció el estado de excepción en el país, en marzo de 2022, se han multiplicado las denuncias por detenciones arbitrarias.
Jonatan Edenilson Santos Castillo, de 22 años, fue liberado la mañana del miércoles después de haber pasado dos años y dos meses en prisión preventiva, gracias a la petición de la Fiscalía General de la República (FGR), según informó la organización Socorro Jurídico Humanitario.
Su caso es uno más de los centenares en El Salvador, desde que se estableció el estado de excepción en marzo de 2022 para luchar contra al violencia de las bandas organizadas, que denuncian que se han estado produciendo detenciones arbitrarias y violaciones de los derechos humanos.
La cara de este joven se convirtió en uno de los símbolos esgrimidos por movimientos y organizaciones que exigen la liberación de personas sin vínculos con pandillas detenidas por las fuerzas del orden.
#MOVIRGracias a Dios, el amor y la lucha firme y decidida la bendición llegó a este padreA pesar de luchar contra un sistema arbitrario e injusto maquinaria del estado que condena a las víctimas sin comprobarse delito, Reynaldo Santos, pudo comprobar inocencia de su hijo pic.twitter.com/rpXUtN8tOo
— Movimiento de Víctimas del Régimen, El Salvador (@MOVIRSV) February 21, 2025
Santos Castillo fue detenido la tarde del 26 de diciembre de 2022 en su domicilio, en el municipio de Soyapango, en presencia de su madre, sin orden de captura.
Dos policías llegaron a la vivienda a realizar un cateo, un procedimiento rutinario en aquel momento. A pesar de que revisaron el inmueble y no encontraron nada ilícito, se llevaron al joven señalándole de ser distribuidor de droga en su colonia. Dos días después fue enviado al penal de Ilopango.
La lucha de un padre
El día que se produjo el arresto su padre, Reynaldo Santos, le dijo a su hijo que fuera fuerte porque él haría lo imposible para solucionar la situación. Y eso es lo que hizo durante todo este tiempo en un camino lleno de obstáculos.
Creía que el régimen de excepción era aplicado solo a pandilleros, pero todo cambió esa jornada en que fue capturado el menor de sus cuatro hijos, según explicó en una entrevista el año pasado. Un joven que trabajaba como auditor de calidad en una maquila y que dedicaba su tiempo de ocio al fútbol y los videojuegos.
Las esperanzas de que el error se subsanaría en breve se esfumaron pronto, especialmente a medida que se agotaban todos los mecanismos legales a su alcance en el país.
El @SJHumanitario junto a organizaciones de derechos humanos denuncia la captura arbitraria del joven Félix Ángel López Cañas, de 28 años de edad, quien es hijo de un abogado y defensor de la clase trabajadora pic.twitter.com/vWJdr4nD1a
— LPGJudicial (@LPGJudicial) February 20, 2025
Tardó tres días en conocer el paradero de su hijo, presentó un 'habeas corpus' ante la Sala de lo Constitucional, se dirigió en diferentes ocasiones a la Fiscalía y a la Procuraduría para la Defensoría de Derechos Humanos (PDDH), pero no obtuvo ningún resultado.
En abril de 2024 logró que se le informara de manera verbal sobre el estado de salud de su hijo. En este tiempo había tenido varicela, escabiosis, pie de atleta, artralgia (dolor agudo en articulaciones), gastritis y reflujo gastroesofágico.
En agosto del año pasado, con el apoyo de Socorro Jurídico Humanitario decidió enviar al Sistema de información sobre procedimientos especiales de la ONU el caso de su hijo, como una captura arbitraria.
La directora de Socorro Jurídico, Ingrid Escobar, informó a ElSalvador.com de que ese grupo de la ONU solo evaluará cuatro casos de estas características denunciados en El Salvador, del total de las 105 denuncias presentadas en relación a 160 personas capturadas.
Policías detenidos y denuncias de detenciones ilegales
Las capturas arbitrarias son un rumor que recorre El Salvador desde el establecimiento del estado de excepción. Muestra de ello es la detención esta semana de un agente de Policía, identificado como Héctor Antonio Gamero Sánchez, acusado de la detención arbitraria de varias personas sin vínculos con pandillas.
Se le imputa haber acusado falsamente al menos a cinco vendedores de frutas y verduras del mercado central de Santa Tecla. El caso más llamativo fue el de cuatro mujeres. Según denuncian, una de ellas fue acosada sexualmente por el funcionario, quien, tras ser rechazado reiteradamente acabó deteniendo a la mujer y a sus tres compañeras, presuntamente motivado por la venganza, con acusaciones relacionadas con las pandillas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humano (CIDH), órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA), ya denunció en su informe de junio del año pasado que había registrado denuncias de violaciones a los derechos humanos llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad.
Las denuncias se refieren a detenciones ilegales y arbitrarias generalizadas y sistemáticas, el allanamiento ilegal de moradas, abusos en el uso de la fuerza y violaciones a los derechos de niños y adolescentes.
Asimismo, el documento recoge dificultades en el acceso a la justicia frente a las detenciones, entre las que destaca la demora en el control judicial de las detenciones, la ineficacia del recurso de 'habeas corpus', la falta de elementos probatorios para apoyar los cargos, abusos en la imposición de prisión preventiva o realización de audiencias judiciales masivas, entre otras.
Además, según denuncias de organizaciones locales recogidas por Amnistía Internacional, en los casi tres años de estado de excepción se han producido más de 300 muertes bajo custodia estatal. En el país, tres de cada 100 hombres se encuentran en prisión, en penales que en ocasiones superan el 300 % de su capacidad
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