Comunidades indígenas de la Amazonía de Ecuador protestan en Quito por antiguo derrame petrolero

Comunidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana llevaron a cabo una marcha y se concentraron frente a la sede de la Corte Constitucional (CC) en Quito este martes, para exigir respuestas y soluciones ante un derrame petrolero ocurrido hace cerca de cuatro años.

"Exigimos que haya una reparación total de nuestros ríos, porque hoy encontramos ríos totalmente contaminados", dijo Rafael Yumbo, presidente de la Federación de Comunas Unidas de Nacionalidad Kichwa de la Amazonía Ecuatoriana (FCUNAE), en declaraciones a medios.

El derrame petrolero ocurrió el 7 de abril de 2020. Ese día se registró el rompimiento de tramos del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) y del Poliducto Shushufindi-Quito, que transportan el petróleo y derivados desde la Amazonía a Esmeraldas, provincia de la Costa, al otro lado del país.

La ruptura se produjo en la localidad de San Rafael, en el límite de las provincias Sucumbíos y Napo del país sudamericano, debido a un hundimiento de tierra.

"Esa rotura derramó al río Coca al menos 15.800 barriles de hidrocarburos", señaló la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos y la FCUNAE en un comunicado conjunto publicado este martes.

De acuerdo con las organizaciones, el caso está en el despacho de la jueza de la CC Daniela Salazar desde abril de 2021, "como acción extraordinaria de protección".

"En estos tres años, la CC no se ha pronunciado a pesar de la gravedad del derrame y sus afectaciones, las irregularidades en los procesos en cortes inferiores y la persistencia de los derrames de petróleo en el sector", indicaron en el comunicado.

Ni prevención ni respuesta

La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos y la FCUNAE explicaron que este derrame se pudo evitar, puesto que científicos alertaron sobre el inminente riesgo de rotura de los tres oleoductos, luego que el 2 de febrero de 2020, más de dos meses antes, la erosión regresiva del río Coca causara la implosión de la cascada de San Rafael.

Además, el 5 de abril, dos días antes del incidente, guardaparques habían detectado movimientos inusuales en el terreno y alertaron a las autoridades.

El movimiento indígena de Ecuador pide a Noboa más transparencia sobre los acuerdos con EE.UU.

"Ni las autoridades ni las empresas tomaron medidas para prevenir el derrame que sabían que resultaría en caso de rotura de los tubos llenos. Si las hubieran tomado a tiempo, solo habríamos lamentado la rotura de tubos vacíos", dice en su texto.

Pero además de que no hubo prevención, desde las organizaciones señalaron que "las supuestas medidas de respuesta tampoco funcionaron", puesto que "ningún barril fue recuperado".

"La supuesta reparación fue insuficiente, incompleta e inadecuada. Nunca hubo un diálogo con las comunidades ni la consulta debida sobre cómo se determinaría las afectaciones ni la reparación integral", enfatizan.

Según estimaciones que hizo entonces Amazon Frontlines, el derrame afectó a 118.617 personas, pertenecientes a 22 parroquias rurales de ocho cantones en las provincias de Sucumbíos, Napo y Orellana.

Casi cuatro años después, manifestaron la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos y la FCUNAE, "las comunidades ribereñas siguen afectadas en su pervivencia física y cultural. Los ríos y suelos han dejado de ser fuente de subsistencia, de agua, de alimentos, de vida [...] Como resultado, hasta el día de hoy manifiestan padecimientos de salud. Los efectos más graves los sufren mujeres, personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes".

Si te ha parecido interesante, ¡compártelo con tus amigos!