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América Latina y el Caribe bajo la sombra del hambre, la malnutrición y la inseguridad alimentaria
Cerca del 40 % los habitantes de la región tiene problemas para acceder a una dieta equilibrada y saludable.
Las distintas formas de malnutrición y la inseguridad alimentaria constituyen una amenaza creciente en la región latinoamericana y caribeña de cara a la meta de hambre cero para 2030 establecida en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, según se constata en el más reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés).
En el reporte se asegura que esta situación es resultado de la combinación de los efectos de la crisis climática, el acceso limitado a alimentos seguros y nutritivos, la desigualdad estructural en los ingresos, la dificultad para acceder a fertilizantes por causa del conflicto en Ucrania y los coletazos del covid-19.
A lo anterior se suman las particularidades de cada país, tanto en términos de las políticas que han desarrollado para poner fin a estos flagelos como al estado de sus economías.
El hambre al desnudo
Según los datos recopilados por la FAO, "el hambre en el mundo aumentó en 2021, afectando al 9,8 % de la población a nivel global", mientras que "en América Latina y el Caribe alcanzó su mayor prevalencia desde 2006", con 8,6 % de sus habitantes afectados por este flagelo.
Aunque el período analizado comprende la pandemia, la tendencia alcista se registra desde 2015.
El organismo advierte que "entre 2015 y 2021, la prevalencia del hambre aumentó más en América Latina y el Caribe que en el resto del mundo".
Más precisamente, al cierre de 2021, 56,5 millones de personas en la región padecieron hambre, 13,2 millones más que en 2019.
En términos absolutos, la mayor parte corresponde a suramericanos (11 millones adicionales), mientras que en términos relativos, el alza más significativa se produjo en el Caribe, donde el 16,6 % de sus habitantes no tuvo acceso a suficiente cantidad de alimentos.
Haití concentró la mayor proporción de personas subalimentadas en esa región (47,2%).
En el caso de las naciones centroamericanas, la incidencia de dos devastadores huracanes en medio de la pandemia agravó la tendencia preexistente.
En el ámbito suramericano, un número relevante de países lidia con tasas relativamente altas de subalimentación, que además de las condiciones regionales comunes presentes en el lapso 2019-2021, se atribuyen a particularidades de sus economías.
Venezuela (22,9 %), Ecuador (15,4 %) y Bolivia (13,9 %) exhiben los niveles de subalimentación más altos de la subregión, aunque Paraguay, Colombia, Perú y Suriname también reportaron que al menos el 8 % de sus habitantes no consumen la cantidad mínima diaria de alimentos que aconsejan los especialistas.
La situación venezolana es consecuencia directa de las sanciones y bloqueos impuestos por EE.UU. desde mediados de la década pasada, pero podría remitir en el mediano plazo, en tanto el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha pronosticado que será la economía con mayor crecimiento de toda América del Sur en 2024.
Con respecto a la emaciación o malnutrición aguda en menores de cinco años, considerada como un indicador de calidad de vida y salud pública de poblaciones humanas, Barbados, Trinidad y Tobago, Guyana y Surinam reportaron prevalencias superiores al 5 % en el período 2019-2021.
Sin dinero no hay alimentos nutritivos
Entre otros hallazgos, el texto refiere que la región latinoamericana y caribeña computó promedios más altos que los del resto del mundo de "prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave, de sobrepeso en niños y niñas menores de cinco años y de obesidad en adultos", a lo que se suma que "tiene la dieta saludable más costosa", si se la compara con otras zonas del planeta.
Para este organismo, "las dietas saludables se basan en una amplia variedad de alimentos no procesados o mínimamente procesados y que sea equilibrada entre todos los grupos de alimentos, incluyendo un mínimo de cinco porciones de frutas y verduras al día".
Por contra, las dietas poco saludables tienen bajo contenido de nutrientes, pero altos niveles de grasas, azúcares o sal. Y si bien aportan calorías, incluso más de las que se requieren, los alimentos que hacen parte de este tipo de dieta con frecuencia son altamente procesados y, a la larga, son responsables directos del sobrepeso y la obesidad, así como de la malnutrición en la primera infancia.
Adicionalmente, la inseguridad alimentaria está asociada a un mayor riesgo de desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles, responsables de afecciones como las cardiopatías, la diabetes, los accidentes cerebrovasculares y ciertos tipos de cáncer, que a la fecha encabezan la lista global de causas de muerte en la edad adulta.
De otra parte, en el lapso considerado, el Producto Interno Bruto regional se contrajo 6,8 % y se añadieron 17 millones de personas a los 186 millones que formaban parte de esta categoría en 2019.
Así, el costo de los alimentos y la alta proporción de los ingresos de los hogares que deben destinarse a este rubro, impiden que 131 millones de personas de América Latina y el Caribe puedan seguir las recomendaciones de los expertos. Según cálculos especializados referidos en el informe, en la región, una dieta saludable es cinco veces más costosa que aquella que no lo es.
Además, en correspondencia con lo que se verifica en otros indicadores socioeconómicos, la malnutrición afecta más a las mujeres y niñas que a los hombres. En América Latina y el Caribe, la brecha de género en este ámbito supera los 11 puntos porcentuales, muy superior al promedio mundial, que alcanza el 4,3 %.
El dato da cuenta de la necesidad de incorporar el enfoque de género en las estrategias desplegadas para frenar el hambre, la malnutrición y la inseguridad alimentaria en el largo plazo.
¿Qué puede hacerse?
A diferencia de otros documentos especializados, en esta oportunidad la FAO optó por adoptar un enfoque propositivo, al evaluar críticamente algunas de las políticas que se están implementando en la región que potencialmente podrían garantizar "el acceso a dietas saludables" y ofrecer recomendaciones realistas, que toman en consideración las limitaciones económicas y de infraestructura presentes en las naciones latinoamericanas y caribeñas.
Para el ente, uno de los puntos clave en la lucha contra todas las formas de inseguridad alimentaria es "aumentar la asequibilidad de las dietas saludables".
A estos efectos recomienda "promover la reducción de los precios de los alimentos nutritivos y abordar las limitaciones de ingresos de las poblaciones más vulnerables que no tienen un acceso físico y económico" regular y sostenible a alimentos nutritivos.
Del mismo modo, se hace énfasis en la necesidad de evaluar cabalmente las cadenas de suministro y los entornos alimentarios para reorientar eficazmente las políticas públicas alimentarias, lo que debería acompañarse de la transformación de "los sistemas agroalimentarios para que sean más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles".
El objetivo de esta medida sería que "las cadenas de suministro de alimentos, los entornos y los comportamientos alimentarios de las personas faciliten la reducción del costo de una dieta saludable, su acceso físico y económico, así como el consumo de alimentos nutritivos que componen este tipo de dieta".
En adenda, también se estima importante desarrollar políticas específicas para los productores de pequeña y mediana escala, en interés de abonar a la diversificación de los rubros a los que pueden acceder los habitantes de los países, lo que ha de acompañarse con incentivos fiscales y la inclusión de cultivos que a la fecha se producen marginalmente, pese a su comprobado valor nutricional.
Asimismo, se valora positivamente el mantenimiento de programas sociales como "las transferencias de alimentos en especie, los programas de alimentación escolar, los vales de comida o las transferencias de efectivo con educación alimentaria y nutricional", que en este marco han de entenderse como una herramienta para mejorar el acceso a alimentos nutritivos y no solo en términos de volumen.
En paralelo, para coadyuvar a superar el déficit de nutrientes, se recomienda implementar la obligatoriedad del etiquetado y la imposición de tributos sobre bebidas y alimentos con alto contenido de grasas y azúcares.
Para concluir, la FAO puntualiza que si bien "la asequibilidad de dietas saludables es un desafío para todos los sectores y actores del sistema agroalimentario", gobiernos, organismos internacionales y otros agentes sociales como la academia y los particulares deben trabajar codo a codo en esta dirección, so pena de que la meta de erradicar el hambre en América Latina y el Caribe antes de 2030 quede completamente fuera de su alcance.
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