Asilos más duros y filtros por países: los puntos más controvertidos del 'pacto migratorio' que ultima la UE

Apenas unos días antes del estallido de las hostilidades entre Hamás e Israel, que está afectando a la población civil palestina y que vaticina un nuevo éxodo de refugiados, los 27 Estados miembros de la Unión Europea (UE) alcanzaron un acuerdo para desbloquear el Pacto sobre Migración y Asilo, durante una reunión mantenida en Bruselas por el Comité de Representantes Permanentes.

La posición común se alcanzó sobre el nuevo Reglamento de Crisis y Fuerza Mayor, el último expediente que quedaba por cerrar de los cinco que componen el Pacto. A pesar de lo complicado de llegar a este acuerdo, se trata tan solo de la base para las negociaciones entre la Presidencia del Consejo y el Parlamento Europeo.

El anuncio lo realizó a la Presidencia Española del Consejo de la UE, a través de sus redes sociales. "¡Hay acuerdo! Los embajadores de la UE han alcanzado un acuerdo sobre el reglamento relativo a las situaciones de crisis y de fuerza mayor en el ámbito de la migración y el asilo", decía en sus publicaciones.

Según el ministro del Interior de España en funciones, Fernando Grande-Marlaska, se trata de "un gran paso adelante en un asunto nuclear", que esperan negociar con la Eurocámara antes del final de este semestre.

Crisis en Canarias

El acuerdo llega en un momento en que las españolas islas Canarias se encuentran en situación de emergencia por la intensa llegada de migrantes. Desde el 1 de enero hasta el 15 de octubre arribaron al archipiélago 23.537 personas por mar, convirtiéndose en el segundo año con más llegadas y previéndose que se pueda superar el máximo histórico de 2006, cuando se contabilizaron 31.678.

Tan solo en los primeros 15 días de este mes, 8.561 personas llegaron a las islas, más de 500 cada jornada. Detrás de este repunte se encuentra la crítica situación de Senegal, después de que desde junio el país africano se sumiera en una crisis política y social por el arresto del principal líder de la oposición.

La Secretaría de Estado de Migraciones se vio obligada a aprobar la situación de emergencia, el pasado 13 de octubre, al igual que hizo tras el estallido del conflicto en Ucrania, que ha permitido la acogida de 180.000 refugiados de ese país. Una cifra aún lejana para las llegadas de embarcaciones a Canarias.

Sin embargo, los datos son suficientes para colapsar las instalaciones del archipiélago, por lo que se están produciendo traslados entre islas y también hacia la Península, una práctica que se quería fomentar en la Unión Europea y que el reciente acuerdo del Consejo ha dejado prácticamente en agua de borrajas.

La inquietud es compartida por otros países, como Italia, donde recibieron por mar hasta mediados del mes pasado más de 123.000 migrantes, casi el doble que en 2022 y más del triple que un año antes.

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La preocupación también concierne a los niños y niñas, como certifica el hecho de que esté aumentando la llegada a Canarias de menores no acompañados, 500 tan solo en la última semana. A Italia han llegado más de 11.000 hasta septiembre. La especialista en infancia y movimiento Jennifer Zuppiroli, de Save The Children, sostiene que el acuerdo alcanzado por el Consejo no prioriza la solidaridad y la protección de la infancia.

Una situación que se puede ver agravada tras el inicio del conflicto en la Franja de Gaza, un territorio poblado por dos millones de personas, de las que se calcula que alrededor de la mitad son menores de edad. Ya hay un millón de desplazados internos y no se sabe si el éxodo alcanzará a Europa.

Un acuerdo muy criticado

Las ONG que trabajan en la ayuda a migrantes y refugiados tienen en el punto de mira el nuevo acuerdo. El mes pasado trece organizaciones, entre las que se encuentran Amnistía Internacional, Intermón Oxfam o Red Acoge, difundieron una carta abierta para clamar por un pacto europeo de Migración y Asilo que respete y promueva activamente los derechos humanos.

Denunciaban que las posiciones del Consejo empeoran la propuesta de la Comisión, por lo que solicitaban al Europarlamento que mantenga y refuerce su posición en las negociaciones para frenar la dinámica de los últimos años, en los que se han producido "graves violaciones de derechos de migrantes y refugiados en Europa como devoluciones colectivas, suspensión del derecho de asilo, detenciones arbitrarias y trato discriminatorio".

Para las trece organizaciones firmantes del nuevo pacto, los procedimientos de detención en frontera obligarán a migrantes y solicitantes de asilo a permanecer en instalaciones en frontera, zonas de tránsito y otros lugares en el territorio del país, con ayuda reducida, y hasta periodos de cinco meses, incluyendo a familias con niños.

Precisamente este fue uno de los asuntos que preocupaba a Alemania, pero los gestos para contentar a los teutones provocaron que a finales de septiembre Italia abandonara las negociaciones, por lo que la vuelta al redil del Gobierno de Georgia Meloni da cuenta del establecimiento de condiciones más duras.

Ahora las esperanzas están puestas en el Parlamento Europeo, que tenía una propuesta mucho mejor a ojos de las ONG. El relator del reglamento es un parlamentario español, Juan Fernando López Aguilar, quien fuera ministro de Justicia en el Gobierno del socialista Rodríguez Zapatero, canario y con conocimiento sobre el tema migratorio.

Solidaridad a la carta

Uno de los puntos clave del acuerdo es que los miembros que enfrenten una situación de crisis migratoria podrán solicitar la ayuda de otros Estados, en forma de traslado de solicitantes de asilo, de compensaciones de responsabilidad o de apoyo financiero.

Se trata de lo que se conoce como "solidaridad a la carta": se diluye la obligación de acoger cuotas de migrantes reubicados en países que se consideren "desbordados" por los flujos de personas.

Así, lo que en principio era un reparto obligatorio de la carga, ahora se podrá eludir con distintas formas de compensación financiera, aportando una cantidad económica para retornar a estas personas o bien financiando proyectos de externalización y control de fronteras.

Pulso entre Alemania e Italia

Una de las diferencias limadas a principios de mes es la que mantenían Alemania e Italia, con respecto a la situación de las ONG que realizan labores de salvamento marítimo en el Mediterráneo. El primero era partidario de más medidas de protección para familias y menores, mientras que el segundo exigía más dureza.

De acuerdo con la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), el acuerdo tomado "abre la puerta a la criminalización del trabajo humanitario" debido a que se podrán considerar las operaciones de salvamento marítimo que realizan diversas ONG como "desestabilizadoras" de países de la Unión Europea, alineándose así con la tesis que defendía el Gobierno de extrema derecha de Meloni.

"El esperado Pacto de Migración y Asilo se está convirtiendo en una amenaza para las personas refugiadas, que verán como sus derechos y sus vidas cada vez valen menos en las fronteras de Europa", lamentaba Estrella Galán, directora general de CEAR.

Mayor restricción para las solicitudes de asilo

Las nuevas normas pactadas por los 27 endurecen aún más la aceptación de solicitudes de asilo. Además, amplía de las actuales 12 semanas hasta las 20 (casi cinco meses) el tiempo que los migrantes o solicitantes de asilo pueden permanecer en los centros fronterizos, en momentos de crisis migratoria, situación que no ha sido estrictamente definida.

En concreto, preocupa enormemente que se permitiría a los Estados comunitarios discriminar a las personas solicitantes de asilo, que sean nacionales de países cuya tasa de reconocimiento sea inferior al 75 %. Algo que se podría aplicar incluso a niños y niñas, y a personas en situación de vulnerabilidad.

"Unas reglas para la exclusión del derecho de asilo basado en la nacionalidad es algo que rechazamos contundentemente", dice Zuppiroli, que sostiene que se necesita un "enfoque más grande en derogaciones, en procedimientos y en garantías de asilo", que incluya a los niños y niñas, es decir, "planes de contingencia y preparación" en vez de "una situación de excepcionalidad que se aleja de esos estándares".

La experta de Save the Children sostiene la necesidad de "procedimientos específicos para identificar a los niños y niñas en situación de crisis y asegurar su traslado para su protección, con mecanismos que aseguren su acceso inmediato a programas de educación y apoyo", lo que significa articular una respuesta basada en los derechos de la infancia.

Preocupa enormemente que se permitiría a los Estados comunitarios discriminar a las personas solicitantes de asilo, que sean nacionales de países cuya tasa de reconocimiento sea inferior al 75 %. Algo que se podría aplicar incluso a niños y niñas, y a personas en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, mientras se endurecen los requisitos de entrada en territorio de la Unión Europea, se aceleran los retornos de quienes no cumplan con esos requisitos.

Instrumentalización de la migración

La redacción propuesta del nuevo Pacto establece el concepto de "instrumentalización de la migración" que, en principio, se utilizará cuando un país sea objeto de un intento de "desestabilización". Sin embargo, el punto de partida no está claro, porque no se establecen unos parámetros concretos.

Se trata de dos conceptos amplios, que pueden ser interpretados por los Estados y negociados con la UE, y que podrían dar lugar a eludir obligaciones en materia de asilo.

El foco estaría puesto, según Zuppiroli, en "prevenir movimientos secundarios a otros países", que sería el objeto de "posibilitar la flexibilización de las normas justificados por esa situación de crisis". "Se menciona el uso de la violencia y la ausencia total de mecanismos de solidaridad y traslado a otros países", denuncia.

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Con la mirada puesta en la extrema derecha

Tanto la Presidencia española de turno como una buena parte de los socios comunitarios ven imprescindible que el Pacto se cierre con el Europalamento antes de junio del año que viene, cuando están previstas elecciones europeas.

Pero no solo por los comicios, sino porque tras el fin la Presidencia Española y la belga, que cerrará esta legislatura europea, los dos próximos liderazgos recaerán en Hungría y Polonia, dos países que han estado poniendo palos en las ruedas durante toda la negociación y de los que no se espera que faciliten el acuerdo de un asunto que lleva ocho años de retraso.

Aspectos positivos

A pesar de las numerosas las críticas, las organizaciones que trabajan por los derechos de migrantes y refugiados destacan un par de aspectos positivos en el pacto alcanzado por el Consejo.

Uno de ellos es el mantenimiento de las condiciones mínimas de acogida para las personas que logren superar el procedimiento de asilo, ante el temor de que se hubiesen aprobado planteamientos de rebajas de los estándares.

Además, se amplía la Directiva de Protección Temporal para personas procedentes de Ucrania hasta marzo de 2025, si bien se lamenta que esa medida no se extienda a otras personas que huyen de emergencias humanitarias que se consideran olvidadas, como son la de Siria o la de Afganistán, entre otras, y que se pueda aplicar a nuevos conflictos, como el reciente de Gaza.