Polémica retirada de custodia a una migrante devela grietas del sistema de protección de menores en España

Un nuevo caso ha vuelto a poner en la palestra los fallos del sistema de protección a los menores en España y sus consecuencias para las personas más vulnerables de la sociedad, como es el caso de las madres migrantes.

La retirada temporal de la custodia de su hija a una madre hace un mes llamó rápidamente la atención de la opinión pública. La Policía había sido avisada porque una niña pequeña no paraba de llorar. Cuando los funcionarios llegaron al domicilio, situado en un popular barrio obrero de Madrid, se encontraron con que la pequeña, de tan solo cuatro años, se encontraba sola.

Era alrededor de la 1:00 de la madrugada cuando se recibió el aviso por parte de un vecino. La niña se había quedado sola en la habitación del piso que ella y su madre compartían con otras personas, la segunda vez desde hacía aproximadamente un mes. Su madre la había dejado para ir a trabajar a un bar donde tenía el horario de 10:00 de la noche a 4:00 de la mañana.

Esa noche la niña durmió en un centro de menores de la Comunidad de Madrid, mientras que su progenitora la pasó en los calabozos. Poco después, la mujer quedó en libertad con cargos. Se le acusa de abandono de menores y se arriesga a que le retiren la custodia de su hija definitivamente.

Los detalles del caso de la madre migrante, que tiene que trabajar para sacar adelante a su hija y que no cuenta con red de apoyo ni con quién dejarla, se han ido conociendo posteriormente. Así ha visto la luz el dilema de una mujer entre cuidar a su hija y no poder trabajar para alimentarla, o ir a trabajar y no poder cuidarla. Las dos opciones la dejan marcada de cara a la Administración pública.

Ahora se conoce que la joven tiene 23 años y procede del departamento colombiano de Putumayo, donde se concentra una de las mayores áreas de cultivo de cocaína del planeta. Tras un desplazamiento interno, ella tuvo que emigrar a España después de que el narco baleara la casa de su familia, según ha relatado a El País.

Nueve meses después de su llegada a España en noviembre de 2019, se le denegó el asilo al no apreciar que su vida corriera riesgo en su país de origen. Durante estos años ha sobrevivido con la ayuda de su pareja y de su hermano y la mujer de este.

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Pero todos ellos se han encontrado con el círculo vicioso de los papeles. Al carecer de la documentación que regule su permanencia en el país, no puede acceder a un contrato de trabajo legal, sin él no puede alquilar una vivienda, sin vivienda no hay padrón y sin padrón no hay acceso a sanidad pública ni a ayudas sociales.

Cuando la Policía entró en su vida durante esa madrugada de febrero, la situación había empeorado. Su pareja hacía poco que había migrado a otro país en busca de mejores oportunidades, ella había perdido su trabajo como cuidadora de un anciano tras su fallecimiento y se vio obligada a comenzar a laborar por las noches en un bar.

Además, la joven se encuentra embarazada de seis meses, ha perdido el trabajo que la sustentaba y su gestación dificulta que pueda encontrar un nuevo puesto en breve.

Mientras, lleva ya algo más de un mes sin su hija. La pequeña continúa interna en un centro de menores y ella solo puede visitarla una hora a la semana, además de las llamadas de 15 minutos cada tarde.

Los servicios sociales estudian su situación. La joven está acusada de abandono de menores, un señalamiento que, de prosperar, podría acarrearle una pena de hasta tres años de prisión.

La situación de las familias vulnerables

Su caso es paradigmático de la situación del sistema de protección a la infancia del país, que ha sido criticado por las consecuencias que puede tener para familias como la de esta madre. En vez de proveer medidas de apoyo para estas familias vulnerables, en ocasiones se opta por la retirada de los niños del hogar.

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En España, en la actualidad hay casi 36.000 niñas, niños y adolescentes tutelados por las administraciones públicas, de los que casi 17.000 viven en centros de menores. Mientras la acción de los servicios sociales ya ha sido censurada en varios casos de retirada de custodia a las familias.

Casos de mujeres migrantes y vulnerables que han perdido a sus hijos han salpicado los periódicos en los últimos años. El mes pasado, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León condenó a la Consejería de Familia de esa región a pagar 150.000 euros a una mujer de origen búlgaro y a sus dos hijas mellizas, por haberle retirado la custodia durante un año cuando las menores tenían 12 años.

En al menos tres casos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España por actuaciones que violaron los derechos de padres y madres migrantes y sus hijos.

Esta semana se conoció el caso de unos padres a quienes los servicios sociales de Toledo les retiraron la custodia de su bebé no nacido. Sucedió en 2019, y el motivo alegado era que tenían otros tres hijos de los que ya les había retirado su custodia y apreciaban negligencia en el seguimiento inicial del embarazo. Ahora la Justicia ha avalado la decisión de la Administración.

Las críticas recaen en el hecho de que, en ocasiones, los servicios sociales de las diferentes administraciones no aporten ayudas para paliar la situación de vulnerabilidad de estos núcleos familiares, sobre todo en el caso de las familias migrantes, donde la situación administrativa les dificulta el acceso a beneficios y a un entorno social que procure la seguridad de los menores.

Y la situación se agrava cuando las madres –porque las familias monomarentales son mayoría en esta situación– no quieren acudir a las administraciones a pedir ayuda, por miedo a ser puestas bajo la lupa de la burocracia y temor a acabar perdiendo la custodia de sus pequeños.