La Defensoría de Bolivia denuncia ante la CIDH a una funcionaria por obstaculizar el caso de una niña de 11 años embarazada tras una violación

La Defensora del Pueblo de Bolivia, Nadia Cruz, denunció este viernes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la directora de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del municipio Yapacaní, Silvia Suazo, por obstaculizar el seguimiento del caso de una niña de 11 años, víctima de una violación y de embarazo forzado.

"Denuncio ante la CIDH que la responsable de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, Silvia Suazo, está obstaculizando nuestro trabajo defensorial en el seguimiento a la situación de la niña", aseveró Cruz. 

En la víspera, la Defensoría también interpuso una demanda penal en contra de las instancias y personas que han impedido realizar la interrupción del embarazo de la menor, abusada sexualmente en el municipio Yapacaní del departamento de Santa Cruz.

La denuncia incluye a personal médico del hospital Percy Boland —donde está internada la infante—, funcionarios de las defensorías de la Niñez y Adolescencia de Santa Cruz y Yapacaní, la Conferencia Episcopal y la madre de la menor, por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes; desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y acciones de inconstitucionalidad; y trata de personas con fines de disposición del ser humano.

La Defensoría señala que las acciones legales se emprenden para salvaguardar la vida y la integridad de la niña, ante la urgencia sanitaria de la menor, que tiene 21 semanas de gestación, lo que obliga a que el aborto se practique cuanto antes para evitar complicaciones en su salud.

¿En qué contexto se dan las denuncias?

La Defensoría del Pueblo activó estas denuncias tras el llamado que hizo la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al Estado boliviano, de activar todos "los mecanismos de protección integral" para garantizar los derechos de las niñas; y advertir que la maternidad forzada, así como el impedimento de la interrupción del embarazo en menores de edad, es calificado como tortura, un crimen de lesa humanidad.

"El embarazo de una niña no solo pone en riesgo su vida, su salud y su proyecto de vida, sino que también atenta contra su salud mental y emocional, su autonomía corporal, alentando y reforzando las desigualdades, el ciclo de la pobreza y la discriminación", añadió la ONU.

Esa postura también es compartida por la ministra de la presidencia, María Nela Prada, quien esta semana dejó claro que las niñas son niñas, no son madres".

"Las niñas son niñas, no son madres": La ministra de la presidencia de Bolivia rechaza que se obligue a parir a una menor de edad que fue violada

La pequeña fue víctima de reiterados abusos sexuales por parte del papá de su padrastro, un hombre de 61 años que, de manera recurrente, estaba a cargo del cuidado de la menor.

Aunque en un primer momento la familia acudió al hospital para practicarle el aborto a la niña, quien además expresó su deseo de interrumpir el embarazo, la "injerencia" de una organización 'pro-vida' vinculada a la Iglesia católica habría convencido a la madre de la víctima de no llevar a cabo el procedimiento médico. Por eso, el martes de esta semana fue dada de alta del centro médico.

El jueves, los funcionarios de la Defensoría reiteraron que la Iglesia "no puede tener la tutela" de la pequeña, y exigieron que se abriera un procedimiento para saber dónde se encuentra la menor y qué tratamiento seguirá para interrumpir el embarazo.

La menor de edad estaba facultada para practicarse el procedimiento, amparada en una sentencia constitucional de 2014 que establece que una víctima de violencia sexual puede abortar sin necesidad de una orden judicial y al margen del periodo de gestación en que se encuentre.