Paraguay: "Ningún policía fue siquiera investigado por la matanza de Curuguaty"

El próximo 11 de julio, la justicia paraguaya dictará sentencia contra 11 campesinos acusados por la muerte de 6 policías, en un hecho sangriento que sirvió de excusa para el derrocamiento del presidente Fernando Lugo en el 2012.

Los campesinos están siendo juzgados en Asunción, la capital, por la muerte de los uniformados pero, no existe ningún imputado por la muerte de 11 labriegos en la misma matanza, informó la agencia Télam.

Hace cuatro años, el 15 de junio de 2012, una fuerza especial de la Policía paraguaya se traslada unos 300 kilómetros al sureste de Asunción. Rodean un predio ocupado por cerca de 300 campesinos, para desalojarlos por la fuerza. La violencia policial desencadenó en resistencia por parte de los ocupantes. La refriega se saldó con el fallecimiento de 6 policías y 11 campesinos. El mundo entero conoce este episodio como 'La matanza de Curuguaty'.

Días más tarde del baño de sangre, el 22 de junio, el Congreso, de mayoría derechista opositora, aplicaba un juicio político sumario y rápidamente decidieron destituir al presidente constitucional, Fernando Lugo, señalado como responsable de la matanza. Así sellaron una jugada partidista calificada internacionalmente como un "golpe de Estado parlamentario".

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Testigo

"La situación del campesinado en Paraguay es terrible. La relación con el Estado es catastrófica, no de ahora, desde 1870. Matar a un campesino en Paraguay es un cuento, nadie va preso por ello. Reciben malos tratos del Gobierno, pero también de las trasnacionales de la soja", dijo Rocco Carbone, catedrático argentino de la Universidad Nacional General Sarmiento, entrevistado por RT.

Para cuando ocurre la matanza y la destitución de Lugo, Carbone se encontraba en Asunción cumpliendo tareas académicas. "Pero suspendimos el trabajo y nos fuimos a la Plaza de Armas a ver qué pasaba. De esa experiencia hicimos, junto con Lorena Soler, un libro que se titula: 'Franquismo en Paraguay', que trata sobre el golpe de Estado parlamentario".

4 años de espera

Carbone siguió haciendo acompañamiento al caso judicial contra los campesinos. El Estado paraguayo los ha sindicado como responsables de la muerte de los policías, "y ningún policía, en estos 4 años de ocurrida la matanza ha sido siquiera investigado por el asesinato de los 11 campesinos", afirma el académico argentino.

Destaca que además de la espera, los campesinos y sus abogados defensores, han tenido que enfrentar trabas en el proceso y ahora pedidos insolentes de condena por parte de la Fiscalía.

"El fiscal Nelson Ruiz señaló a Rubén Villalba y a Luis Olmedo como los responsables de las muertes policiales de Curuguaty, apelando a acusaciones genéricas que no demuestran para nada su culpabilidad. Para Rubén han pedido 30 años de prisión más 10 años como medida de seguridad, bajo un alegato de peligrosidad, con base en un examen psicológico que, casualmente, no fue presentado como evidencia en el juicio", agrega Carbone.

Otras penas

Sobre el resto de los campesinos acusados por la justicia paraguaya las penas a la que se enfrentarán el próximo lunes son las siguientes: Luis Olmedo, 25 años de prisión. Arnaldo Quintana y Néstor Castro, 20 años de prisión. Felipe Benítez Balmori, Adalberto Castro, Alcides Ramírez y Juan Carlos Tillería, 5 años de prisión. Fani Olmedo, Dolores López y Lucía Agüero, 8 años de prisión.

"Todo lo ocurrido en Paraguay, tras el golpe de Estado, hay que situarlo en el contexto de una restauración conservadora activa en toda la región. Los platos rotos de esta historia los pagan 11 campesinos. No hay otros imputados. Serán culpables los condenados de la tierra", asegura Carbone.

A la espera del veredicto final, las tensiones aumentan en Paraguay. Familiares y amigos de los campesinos acusados, han organizado una acampada frente a la Fiscalía. Mientras que sectores de la Iglesia católica han emitido un comunicado público en el que califican de fraudulento el juicio, publica el portal 'ABC'.

"Con la masacre se consumó el golpe de Estado que puso fin al gobierno constitucional del presidente Lugo (...) se logra criminalizar con más crudeza las luchas pacíficas campesinas por la tierra; se hacen patentes la vinculación de la política con el narcotráfico (...) expone públicamente cuán a la intemperie viven los pobres; presentan su dolorosa vulnerabilidad y su insignificancia para el sistema; expresa el resultado de un orden económico que no solamente los margina, sino que busca premeditadamente su desaparición", agrega el comunicado.

Ernesto J. Navarro